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El individualismo y los privilegios de los funcionarios



El jueves pasado La Vanguardia publicaba en portada que “El Govern prepara una reforma que reducirá los privilegios de los funcionarios” refiriéndose a las medidas que CiU quiere introducir entre los trabajadores públicos para “equiparar” las condiciones de funcionarios y el resto de asalariados.

Existen muchos beneficios, todos los habremos oído, como horarios cómodos, bajas de paternidad más largas, facilidad para tomarse excedencias, los famosos días para asuntos personales y demás. Y existen funcionarios que se aprovechan de tales condiciones y de su contrato infinito sin ofrecer contrapartidas equivalentes, también lo habremos oído todos. No es este el tema. O no principalmente.

Ahora que La Vanguardia ha dejado de tener credibilidad en asuntos que atañan a la política catalana después de conocerse que el Grupo Godó que lo edita recibió dos millones de euros de la Generalitat, hay que leer con lupa cada titular. No es lo mismo, por ejemplo, decir “privilegios” que “condiciones”, por muchas comillas que pusieran. Hay una intencionalidad política detrás.

Y hay una intencionalidad política porque la función pública es un tema muy susceptible. Desde Larra, está extendida la leyenda de la falta de productividad entre quienes aprueban unas oposiciones y cunde la sensación, más aún en épocas de estrecheces, de que hay que poner freno al desmadre. Pero esa conducta que asociamos con el acomodo no es exclusiva del funcionariado. De hecho, es genuinamente latina: ante las normas, entendemos que está permitido todo aquello que no está prohibido. O peor, aunque esté prohibido, lo seguiremos haciendo hasta que nos pillen.

Por eso existen funcionarios que escriben libros o van de compras en horas de trabajo, claro, pero también mindundis que no han hecho la declaración de renta durante lustros, escuelas concertadas y empresas de prestigio que pagan en negro grandes cantidades, conductores sin carnet ni seguro y sanguijuelas que simulan más desgracia que la que tienen con tal de cobrar un pellizco más de la ley de dependencia.

Y al final, por tener una concepción muy particular del civismo, el compañerismo y lo público, reina el silencio y se tolera -cuando no contagia- el chupasangrismo. Finalmente, sin denuncias (nadie quiere ser un chivato y enemistarse con el compañero, el vecino o la empresa que te paga) ni investigaciones serias (el Estado siempre dice que saldría más caro el remedio que la enfermedad) los números no salen y se engorda la leyenda hasta que la opinión pública termina aceptando cualquier remedio rápido. Y ese remedio es hoy el “que muchas personas hagan un pequeño sacrificio”. O que paguen justos por pecadores.

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